Tomás Segovia, la justicia es nuestra

Nos gustaría compartir este artículo de nuestro querido socio Tomás Segovia, escrito en 2010 como parte de las “Cartas cabales“. El texto fue tomado del blog de Tomás Segovia, el cual escribió hasta su muerte. El texto nos invita a la reflexión, sobretodo con lo ocurrido en estos días sobre el caso del juez Garzón. Al inicio hay una nota agregada por Tomás Segovia.

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“Cartas cabales” se llamó una columna que publiqué durante casi un año en La Jornada de México en 1994. Son cartas dirigidas a un corresponsal imaginario, Matías Vegoso, obvio anagrama.

 LA JUSTICIA ES NUESTRA

 Querido Matías Vegoso:

Vaya, ahora tú también me sales con que hacer manifestaciones y firmar declaraciones en favor del juez Garzón es presionar a la justicia, y que eso resulta contraproducente porque es renunciar a ganar la causa por procedimientos puramente judiciales. Reflexionemos, querido Matías. En primer lugar, esos actos no son propiamente en favor del juez Garzón, sino contra la desnaturalización de la justicia. Pero es claro que para discutir sobre estas cosas hay que tener mucho cuidado de no simplificar de inmediato. Por eso empezaré, inesperadamente, por dar un salto a México.

Bien sé que el desastre de la justicia en México no es de la misma naturaleza que en España. En esta última es claramente ideológico y en parte corporativo. En México es también corporativo, pero nada ideológico, sino simplemente mafioso o directamente crematístico. Por eso justamente propongo compararlos: para que nos centremos en el carácter desastroso independientemente de sus causas. Tú sabes tan bien como yo que en México cuando alguien menciona “el estado de derecho”, nos echamos a temblar: seguro que nos están preparando alguna granujada. ¿Por qué? Porque sabemos que casi infaliblemente esa frase anuncia que van a manipular la ley para justificar algo. Pero si ese algo fuera justo, ¿qué necesidad habría de justificarlo? Es posible que en México esa manipulación sea más burda y descarada que en España, a veces incluso delictiva, pero lo que me importa ahora es que un procedimiento jurídico puede perfectamente servir a una injusticia, lo mismo si es efecto de una mordida que de una postura ideológica. ¿Quién podría en México luchar contra esa clase de injusticia? Obviamente no los jueces, que son precisamente el problema. ¿El poder? Pero el uso injusto de la ley, cuando no se paga directamente en dinero, es generalmente servicio al poder, o a veces pura intención de congratularse con él. Es evidente que sólo la sociedad podría denunciar esa corrupción, y de alguna manera, no necesariamente violenta, castigarla. Pero hete aquí, querido Matías, que cada vez que la sociedad mueve siquiera un dedo en esa dirección, el poder, los poderes, la acusan de atropellar el estado de derecho.

¿Te suena eso en relación con España? Bueno, todo parece indicar que es el juez Varela el que está prevaricando, y no serán las manifestaciones y proclamas las que impidan que esa prevaricación sea denunciada, como ya está sucediendo. Pero a la vista de lo que están haciendo el juez Varela y sus apoyos de la judicatura, es evidente que la suerte de esa denuncia dependerá de en manos de qué jueces caiga. Si el problema es la injusticia de los jueces, ¿cómo vamos a confiar pasivamente en la justicia de esos jueces? Habría que concluir, parodiando la famosa frase sobre la guerra, que la justicia es demasiado seria para dejarla en manos de los jueces.

Empecemos a matizar, pero desde los dos lados, el tuyo y el mío. A la denuncia obviamente ideológica de Falange Española de que Garzón prevaricó por motivos ideológicos, se contrapone la denuncia también ideológica de las víctimas del franquismo de que Varela prevarica por motivos ideológicos. Está claro que este proceso, desde el principio y en todos sus aspectos, rebasa por todas partes el ámbito jurídico. Claro que hay diferencias: Falange Española es un partido fascista que debería estar proscrito como lo estaría en cualquier país civilizado, mientras que las víctimas del franquismo son víctimas de hecho, con o sin ideología. A su vez, la prevaricación atribuida a Garzón consistiría en haberse atribuido competencias, mientras que la atribuida a Varela consistiría en negarse a aceptar testimonios y en falsificaciones tales como cambiar fechas e inventar firmas, que es algo bastante más malintencionado que una opinión sobre competencias. No es lo mismo prevaricar para perseguir a unos asesinos que para perseguir a un juez por un exceso de competencia, lo cual se parece bien poco a un asesinato. Además, la ambigüedad de la ley de amnistía española, reconocida por la mayoría de los juristas, permite interpretaciones opuestas no necesariamente de mala fe, pero una de ellas acorde con el derecho internacional y las exigencias de la ONU y la otra incompatible con ese derecho y por lo tanto con la pertenencia de España a la ONU. No es pues técnicamente imposible, desde luego, hacer prevalecer la justicia por procedimientos puramente jurídicos. Pero puesto que de uno y otro lado nadie confía en la neutralidad de la justicia –en la justicia de la Justicia– , nadie puede creer que, sea cual sea el resultado, habrá prevalecido la justicia, sino la fuerza política.

No sé qué vas a argumentar ahora, pero veo que podrías argumentar que por eso precisamente no será politizando la denuncia como despolitizaremos el proceso. Pues perdona, pero creo que no es tan simple. Despolitizar puede significar cosas bastante diferentes. En un sentido es pedir a los ciudadanos, y a la sociedad como tal, que no se meta en política, es como decirnos “Ustedes no intervengan, para que nosotros intervengamos a gusto”. Pero en otro sentido es sanear algún ámbito donde se ha metido espuriamente la política. Característicamente, evitar la politización de hechos, procesos o movimientos sociales. Despolitizar la familia, o la educación, o la igualdad de los sexos –o insignemente la justicia– es despolitizar en este sentido. Una manifestación contra la injusticia de los jueces no es un movimiento político, es un movimiento social. Con un efecto político, sin duda, pero ese efecto es justamente la despolitización.

Sigamos matizando. Lo que en México se pretende con la retórica del “estado de derecho”, y en España con la de la respetabilidad de los jueces y la condena de toda manifestación de la sociedad, es hacer al derecho enteramente autónomo respecto de la sociedad. Digo el derecho, no la justicia, o sea el derecho como un ámbito puramente procesal, autojustificado, sólo responsable ante sí mismo e irresponsable ante la sociedad. Es claro que el poder judicial tiene que contar con una autonomía, pero no tal que pueda prevalecer sobre la sociedad. Porque la justicia, querido Matías, no es patrimonio del poder judicial, sino de la sociedad. La autonomía del poder judicial debería ser absoluta frente al poder no sólo político, sino también económico y de privilegios, pero no puede ser absoluta frente a la sociedad. Es preciso asegurar que a los jueces no se les pueda pedir cuentas a troche y moche, pero es monstruoso que no se les pueda pedir cuentas en absoluto. Las cuentas más graves, lo estamos viendo, no podemos confiar en que se las pidan unos jueces a otros. Esas cuentas se piden en la calle. La noción misma de prevaricación implica que la justicia no puede reducirse nunca a una cuestión de procedimiento: no es la ley la que funda la justicia sino la justicia la que funda la ley. La más breve mirada a la historia nos muestra enseguida con qué abrumadora frecuencia las injusticias, incluso las más graves, han sido legales. La historia no se hubiera movido si las sociedades humanas no hubieran reivindicado su potestad sobre la justicia cuando el poder se ampara en la jurisprudencia para justificar la injusticia.

Terminaré en un tono levemente demagógico volviendo a la candente actualidad. No sé si leíste hace unos días un reportaje en El País Semanalsobre el caso de un preso inocente condenado en México a 20 años de cárcel y liberado gracias a un video grabado por una pareja de jóvenes abogados donde se ve la irremediable podredumbre de la justicia mexicana. Por la cual, por supuesto, nadie recibe la menor sanción, puesto que ese video y esa denuncia atentan contra el “estado de derecho”. Como las escuchas de los delincuentes del caso Gürtel. Yo personalmente, querido Matías, creo que deberíamos manifestarnos también contra los jueces que anularon esas pruebas. Porque para mí, perdona la ingenuidad, es evidente que si una cuestión de procedimiento permite dejar impunes a unos delincuentes que para más vergüenza roban las arcas públicas, o sea nuestro dinero, entonces es el procedimiento lo que hay que corregir, no la verdad. Y eso, con perdón, no es político o ideológico, es simplemente reivindicar la razón y la justicia. Cuando se puede condenar arbitrariamente, con toda impunidad, a un inocente a 20 años de cárcel, o cuando los delincuentes acusan al juez que los descubrió, o cuando un partido fascista sienta en el banquillo al juez que investiga los crímenes de los que es corresponsable, no hay procedimiento legal que pueda borrar la escandalosa injusticia de todo eso simplemente dándole el nombre de justicia. Ni hay juez que tenga derecho a pedirnos que le respetemos cuando actúa así, simplemente declarando que es respetable (declarándose competente para la respetabilidad). La ventaja que yo le veo a esta deplorable crisis es que ha puesto sobre la mesa todo esto. España podría tener en este momento la oportunidad de airear por fin la vergonzosa llaga que sigue poniéndola aparte del resto de Europa: la persistencia enmascarada de un poder fascista que la famosa transición no supo condenar y neutralizar, y que es evidentemente una cuestión mucho más trascendental que la de si Garzón tenía más o menos competencias. Para volver a hacer creíble a España, habría sin duda que desdorar un poco la respetabilidad de nuestros jueces heredados del franquismo. A mí, la verdad, me parece un precio bastante barato.

Espero que con todo esto no me declares incompetente para enviarte un cordial abrazo

 T. S

 

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